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La Comisión Interamericana de DDHH analizará denuncias contra las pistolas TASER

04-04-2017 Comentar

Se trata de las armas de electrochoques que despiden alto voltaje. Según trascendió en los últimos días, Cambiemos las compraría para ser utilizadas por las fuerzas de seguridad en represión de manifestaciones.   




La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó analizar la denuncia del Observatorio de DDHH de la Ciudad (ODH) presentado en agosto del 2016. El ODH había denunciado a la República Argentina por la violación de derechos fundamentales contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y la violación del deber del Estado de prevenir la tortura, mientras no se prohíba la utilización de las Armas tipo Taser X26.

 La petición había sido presentada con el acompañamiento de gran cantidad de instituciones y organizaciones de derechos humanos, tales como Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz - SERPAJ, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora,Miguel Ángel Estrella, Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO, APDH, HIJOS, Myriam Bregman (CEPRODH), Eduardo López (UTE), Daniel Adolfo Catalano (ATE), Pedro Aníbal Paradiso Sottille, (CHA), entre otras agrupaciones y personalidades.
 
La CIDH acaba de notificar que "La denuncia ha sido registrada bajo el número P-1712-16 Adolfo Pérez Esquivel y otros (...) La denuncia se encuentra bajo estudio conforme a las normas reglamentarias vigentes", mediante una carta con la firma del secretario ejecutivo del Tribunal, Paulo Abrão.  
 
Los cuestionamientos a las armas eléctricas Taser en Argentina, comenzaron en 2010 cuando desde el ODH junto con la Agrupación HIJOS se inició una acción de amparo ante la noticia de que la Ciudad de Buenos Aires había decidido comprar este tipo de armamento para la Policía Metropolitana.
 
En el amparo se demostraba que las Taser implicaban un elemento de tortura y se denunciaba la existencia de gran cantidad de antecedentes a nivel mundial. Ponía en evidencia la “letalidad” de esas armas que ya provocaron varias muertes de personas que padecían diversas afecciones, como enfermedades cardíacas, trastornos psiquiátricos, o incluso niños y mujeres embarazadas.
 
Allí se señaló que organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, alertaban sobre su uso y exhortaban a los distintos Estados a discontinuar con el equipamiento de las fuerzas de seguridad con estas armas, en tanto consisten en “elementos de tortura”.
 
El resultado fue la obtención de dos fallos favorables en primera y segunda instancia. Sin embargo, en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad decidió rechazar el amparo por cuestiones estrictamente de índole procesal.










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